El informe Certified Occupation, publicado por Western Sahara Resource Watch, denuncia cómo sellos internacionales de sostenibilidad están legitimando la explotación de recursos en el Sáhara Occidental ocupado, mientras la Unión Europea y sus Estados miembros eluden sus propias obligaciones jurídicas.
El informe Certified Occupation, elaborado por Western Sahara Resource Watch (WSRW), expone el papel central que juegan los sistemas internacionales de certificación en la normalización económica de la ocupación del Sáhara Occidental. A través de estos sellos, productos agrícolas y pesqueros extraídos del territorio ocupado acceden a los mercados europeos presentados como marroquíes, ocultando su verdadero origen y vulnerando de forma sistemática el derecho internacional.
La investigación demuestra que esta práctica no es un fallo técnico ni un error aislado, sino un mecanismo estructural. Las entidades certificadoras reproducen información geográfica falsa sobre el origen de las explotaciones y aplican marcos legales marroquíes a actividades que se desarrollan fuera de Marruecos, sin el consentimiento del pueblo saharaui y en contradicción directa con las reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que establecen que el Sáhara Occidental es un territorio separado y distinto y que cualquier explotación económica requiere el consentimiento de su pueblo. En el marco europeo, este falseamiento del origen constituye un problema de legalidad comercial y de etiquetado engañoso.
Este escenario se agrava en el contexto europeo actual. En las últimas semanas, las instituciones de la Unión han impulsado vías administrativas y normativas destinadas a neutralizar los efectos reales de esas sentencias, manteniendo en la práctica los acuerdos comerciales con Marruecos aplicados al Sáhara Occidental. En lugar de garantizar su cumplimiento, se están buscando fórmulas para sortearlas, vaciando de contenido resoluciones judiciales que deberían ser de obligado cumplimiento.
El informe subraya que, en este contexto, la certificación actúa como una herramienta de blanqueamiento especialmente eficaz. Los sellos de sostenibilidad y calidad no solo inducen a error a consumidores e importadores, sino que son utilizados como prueba de cumplimiento en las cadenas de suministro y en los sistemas de control comercial europeos, integrando la ocupación en los circuitos normales del comercio internacional bajo una apariencia de legalidad.
Esta responsabilidad no es abstracta ni difusa. España, como potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental, mantiene obligaciones jurídicas claras en relación con el respeto al derecho internacional y al derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Permitir que productos procedentes del territorio ocupado sigan entrando en Europa certificados como marroquíes contribuye a la normalización económica de la ocupación y al vaciamiento práctico de las sentencias europeas.
El informe de WSRW no deja margen para la ambigüedad: mientras la certificación siga ocultando el origen real de los productos y sirviendo de coartada para eludir responsabilidades legales, la ocupación del Sáhara Occidental seguirá reproduciéndose también en los mercados europeos. Hoy, la certificación no es neutral. Es parte del problema.
