El próximo 14 de noviembre se cumplen 46 años de la firma de los ilegales e ignominiosos Acuerdos Tripartitos de Madrid por los que España entregaba la que era su provincia número 53, el Sáhara Español, a Marruecos y Mauritania.
Días antes, concretamente el 6 de noviembre de 1975, la entrada de 350.000 civiles en la denominada Marcha Verde sirvió de tapadera a una auténtica invasión militar marroquí que se aplicó desde el primer momento a una campaña de genocidio contra la población saharaui.
Los Acuerdos Tripartitos y la posterior retirada de España propiciaron la invasión del territorio por Marruecos y Mauritania, dando pie a un estado de guerra entre el Frente Polisario y las potencias ocupantes que, en el caso de Marruecos, se prolongó hasta el establecimiento del alto al fuego del año 1991 como parte del Plan de arreglo que contemplaba la realización de un referéndum de autodeterminación.
Las continuas trabas impuestas por Marruecos a la realización del referéndum y la sistemática violación de los DDHH de la población civil saharaui en los territorios ocupados han sido la tónica dominante en los 30 años transcurridos desde su firma, pero fue la flagrante violación del alto al fuego por parte de Marruecos al atacar a civiles saharauis que se manifestaban pacíficamente en el paso de El Guerguerat el 13 de noviembre de 2020, el detonante de la vuelta a la guerra. Un estado de guerra que, a escasos días de cumplir un año, se ha mantenido silenciado por los medios de comunicación hasta el pasado mes de octubre y que, a día de hoy, sigue sin ocupar espacios en los grandes medios de comunicación.
El pasado 29 de octubre, el Consejo de Seguridad, emitió la Resolución 2602 sobre la prórroga del mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO), ampliándola hasta el 31 de octubre de 2022. Una resolución que, lejos de significar un avance en la búsqueda de la solución del conflicto, constituye un importante retroceso con graves consecuencias sobre la paz y la estabilidad en la región al eludir, una vez más, la situación de los DDHH en los territorios ocupados e ignorar el estado de guerra que vive el territorio, perpetuando así el estancamiento de la situación y dejando la puerta abierta a una mayor escalada de la tensión en la región.
A partir de la reanudación del conflicto armado, la población civil saharaui en los territorios ocupados se ha convertido en rehén de Marruecos y se encuentra sometida a un recrudecimiento de la represión por parte de las fuerzas de ocupación.
Entre otros casos, cabe destacar el de Sultana Jaya, sometida a arresto irregular domiciliario y a todo tipo de presiones, allanamientos de su domicilio, agresiones físicas y de palabra, incluso a violación.
Ante este estado de cosas, las organizaciones convocantes de este acto,
Exigimos al Gobierno de España que reconozca públicamente que sigue siendo la potencia administradora de iure del Sáhara Occidental, ya que los Acuerdos Tripartitos de Madrid son nulos de pleno derecho y su firma no transfirió la soberanía sobre el Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora y que, en cumplimiento de lo que la legalidad internacional establece al respecto, propicie la realización de un Referéndum de Autodeterminación.
Exigimos la urgente intervención de Naciones Unidas, de España y del Comité Internacional de la Cruz Roja, para garantizar el cumplimiento de la Carta de los Derechos Humanos y de la convención de Ginebra por parte del país ocupante del territorio para garantizar la integridad física y mental de la población saharaui.
Exigimos el estricto cumplimiento de la carta de los Derechos Humanos y de la Convención Internacional de Ginebra, así como de todos los instrumentos legales firmados por parte de Marruecos, potencia ocupante del Sáhara Occidental.
Exigimos a las Naciones Unidas la inmediata dotación a la MINURSO de competencias en materia de observación de Derechos Humanos.
Exigimos la inmediata puesta en libertad de todos los presos políticos saharauis, el cese de la represión sobre Sultana Jaya y su familia y expresamos nuestra solidaridad con el derecho a la libertad de expresión y demás derechos fundamentales de todas las activistas saharauis.
Por último, rechazamos sin paliativos la resolución 2602 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la prórroga de la MINURSO, que con su silencio e inacción perpetúa el status quo actual y favorece los intereses de la ocupación marroquí, tensiona aún más la situación en la zona y contribuye a una escalada bélica de consecuencias imprevisibles.
En Cantabria a 10 de noviembre de 2021
#porelsáharaamadrid
