La Resolución 2797 del Consejo de Seguridad, aprobada el 31 de octubre, marca un giro preocupante. Aunque mantiene referencias formales al principio de libre determinación, el texto refuerza de manera explícita la propuesta marroquí de autonomía, presentada como “la solución más factible” . No elimina la autodeterminación, pero la relega, y ese desplazamiento altera la base jurídica del conflicto; sustituye un derecho reconocido por una fórmula impulsada por la potencia ocupante y rechazada por el legítimo representante del pueblo saharaui.
El Frente POLISARIO ha advertido con claridad que esta Resolución rompe el equilibrio del proceso político, debilita el marco de descolonización y condiciona las negociaciones a la propuesta marroquí. Desde Cantabria por el Sáhara compartimos esa preocupación. Cuando la ONU deja de situar la autodeterminación en el centro y la convierte en un punto accesorio, se alinea con la narrativa de la ocupación, reduce el mandato histórico de la MINURSO y abre espacio para legitimar una solución contraria al derecho internacional y a las resoluciones judiciales europeas que reconocen el estatus “distinto y separado” del Sáhara Occidental respecto a Marruecos.
Para Cantabria por el Sáhara, la autodeterminación es el núcleo central del conflicto y la condición imprescindible para cualquier solución justa y duradera. Desplazarla no acerca la resolución; normaliza el abandono del marco legal y privilegia un enfoque que beneficia exclusivamente a la potencia ocupante.
La Resolución reconoce la grave falta de financiación humanitaria que afecta a los campamentos saharauis e insta a reforzar los recursos para asegurar servicios esenciales. Pero ese llamamiento no aborda la raíz política. El Sáhara Occidental sigue siendo un territorio no autónomo pendiente de descolonización, y España continúa siendo potencia administradora de iure, con obligaciones políticas y jurídicas claras que no debe desatender.
Cantabria por el Sáhara seguirá denunciando cualquier intento de reformular el conflicto bajo parámetros que ignoran la legalidad internacional y la voluntad soberana del pueblo saharaui. Y seguiremos sumando nuestra voz a quienes exigen responsabilidad al Estado español en la defensa activa de los derechos del pueblo saharaui. Porque sin autodeterminación no hay solución. Solo la gestión prolongada de una injusticia.