La Declaración Conjunta de la XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos confirma que el Sáhara Occidental aparece en los acuerdos finales. La referencia se incorpora en el punto 8 con una formulación que selecciona la parte más favorable a los intereses marroquíes de la Resolución 2797 y refuerza una lectura política alineada con Marruecos. Este enfoque desplaza el contexto jurídico del territorio y dificulta la comprensión del conflicto por parte de la opinión pública.
La publicación completa de la Declaración ha despejado la ausencia inicial del Sáhara en las comunicaciones previas, pero su inclusión no modifica el sentido político del documento. Más bien confirma una dirección que ya veníamos señalando. España prioriza la estabilidad diplomática frente al marco internacional que regula este proceso. Esa elección no es técnica ni neutra. Implica consecuencias concretas para la población saharaui.
El punto 8 retoma la postura expresada en abril de 2022, vía epistolar del Presidente del Gobierno, y celebra la resolución 2797 por el fragmento que presenta la autonomía bajo soberanía marroquí como la opción más factible. Esa selección no es casual y construye un relato que desatiende el proceso de descolonización y reduce el marco jurídico que debería orientar cualquier actuación en el territorio. El Gobierno de España incorpora la parte del discurso que coincide con el planteamiento de la potencia ocupante y deja fuera la que recuerda las responsabilidades internacionales aún vigentes.
En notas anteriores ya advertimos de la tendencia a encuadrar el conflicto saharaui como un asunto bilateral. Lo que observamos hoy refuerza esa tendencia y muestra hasta qué punto la política exterior del Gobierno de España se separa del derecho internacional para ajustarse a un enfoque que invisibiliza elementos esenciales. Es una operación sutil, pero con efectos profundos. Cuando se fragmenta el relato, se fragmentan también las claves necesarias para entender el conflicto y se favorece una política de hechos consumados.
Para Cantabria por el Sáhara, esta formulación:
- Selecciona de manera parcial e interesada el contenido de la resolución 2797 y omite su carácter no prescriptivo y su inserción en un proceso de descolonización.
- Alinea la posición española con un marco político que no incorpora la pluralidad de actores ni el derecho a la libre determinación.
- Refuerza un relato que desplaza del centro la situación que vive el pueblo saharaui en los Campamentos de población refugiada de Tinduf (Argelia) y en los territorios del Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí.
Desde Cantabria por el Sáhara confirmamos que la publicación de la Declaración Conjunta de la XIII RAN supone la continuidad de una política que se aleja del marco jurídico internacional y consolida una narrativa que no reconoce la naturaleza del conflicto ni las responsabilidades pendientes, afectando seriamente a la credibilidad del Gobierno y a la transparencia en su gestión de la política exterior. Condiciona el ejercicio de derechos y limita la posibilidad de avanzar hacia una solución justa, duradera y aceptable para todas las partes.
