La Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos se ha cerrado en Madrid sin una sola referencia al Sáhara Occidental, territorio en la lista de descolonización de la ONU. Este vacío en las comunicaciones oficiales subraya el debate sobre el papel que España debe desempeñar en el marco legal internacional que regula el conflicto.
La Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, presentada como un avance en la cooperación bilateral, ha transcurrido sin una sola mención pública al Sáhara Occidental, territorio que continúa inscrito por Naciones Unidas como pendiente de descolonización. Este silencio institucional, repetido en cada encuentro diplomático, confirma una tendencia que debilita la transparencia y oscurece las responsabilidades que siguen vigentes en el marco legal internacional.
España ha reforzado en esta cumbre su narrativa de estabilidad y entendimiento con Marruecos, pero lo hace dejando fuera un elemento esencial del contexto que une a ambos países desde hace décadas. El Sáhara Occidental no es un asunto colateral, sino un conflicto reconocido por la ONU y sujeto a resoluciones que mantienen abierto el seguimiento internacional. Este hecho, central en el marco jurídico vigente, no aparece en el discurso público de la cumbre.
Para Cantabria por el Sáhara, esta ausencia no es un gesto menor. Supone proyectar una imagen política que desvincula a España de un territorio sobre el que continúa siendo potencia administradora. Esta responsabilidad está recogida en la documentación de Naciones Unidas y permanece vigente, no depende de declaraciones oficiales ni se diluye en acuerdos económicos o de seguridad. Forma parte del marco legal que rige la situación del Sáhara Occidental y exige coherencia en cada foro diplomático relevante.
La omisión sistemática del conflicto genera un doble efecto. Por un lado, confunde a la ciudadanía al presentar una relación entre Estados aparentemente ajena a un problema que permanece sin resolver desde hace cincuenta años. Por otro, dificulta que la opinión pública tenga acceso a una información completa y rigurosa que permita comprender la dimensión internacional del conflicto y el papel que corresponde a España en él.
La estabilidad diplomática no se consolida ignorando el marco legal, reforzando de facto la posición de la potencia ocupante frente a la responsabilidad ética, política y legal de España con el territorio y su población. El papel que esperamos de nuestros responsables políticos es que muestren compromiso con el derecho internacional y los derechos humanos, cuestión central cuando existen vulneraciones sistemáticas documentadas en los territorios ocupados del Sáhara Occidental.
Desde nuestra organización continuaremos denunciando la situación de injusticia. Recordamos que una política exterior coherente solo puede sostenerse sobre el respeto al derecho internacional y el reconocimiento explícito de las responsabilidades que permanecen activas. La ausencia del Sáhara Occidental en esta cumbre no puede normalizarse, porque España tiene un papel determinante en el proceso de descolonización y, en ese marco, no puede situarse como juez y parte. Una posición clara y alineada con la legalidad internacional es imprescindible para avanzar hacia estándares mínimos de transparencia y coherencia democrática.