Las autoridades siguieron aplastando la disidencia, dispersando protestas pacíficas y restringiendo las actividades de varias organizaciones que consideraban opositoras. Se endureció la represión contra activistas saharauis. La penalización del aborto provocó la muerte de al menos una niña como consecuencia de un aborto inseguro tras una violación. Los guardias de fronteras hicieron un uso excesivo de la fuerza contra personas que intentaban cruzar la frontera entre Marruecos y el enclave español de Melilla, lo que causó al menos 37 muertes. La legislación nacional seguía siendo inadecuada para proteger y promover el derecho a un medio ambiente limpio y saludable.
Información general
En marzo, el presidente del gobierno de España declaró su apoyo al plan de autonomía del gobierno marroquí sobre el Sáhara Occidental. La respuesta de Argelia fue la suspensión de un tratado de cooperación con España. Las relaciones entre Marruecos y Argelia seguían siendo tensas a pesar de los llamamientos realizados en julio por el rey Mohamed para que se restablecieran los lazos diplomáticos entre ambos países.
En octubre se renovó la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental que, no obstante, siguió sin tener un mandato de derechos humanos. Las organizaciones de derechos humanos continuaron sin poder acceder al Sáhara Occidental.
Durante 2022, murieron 1.445 personas a causa de la COVID-19. Al concluir el año, el 66,8% de la población había recibido al menos una dosis de la vacuna contra esta enfermedad.
