27 de febrero 2026 – 50 Aniversario de proclamación de la RASD – Torrelavega -Cantabria.
No se puede comprender la trágica realidad de los derechos humanos en el Sáhara Occidental hoy sin remontarse a las raíces de la catástrofe humanitaria que tuvo lugar durante la invasión militar marroquí del territorio en 1975. Tras la retirada de España, las fuerzas de ocupación marroquíes desataron una guerra cruel, no solo contra los combatientes del Frente Polisario, sino también contra la población civil indefensa. Las fuerzas ocupantes cometieron entonces crímenes de guerra y de lesa humanidad que aún perduran en la conciencia del pueblo saharaui.
El cielo sobre el Sáhara se convirtió en una fuente de terror, con bombardeos aéreos contra concentraciones y campamentos de civiles que intentaban huir de la brutalidad de la ocupación hacia Argelia, el único refugio seguro que tenían. Pero lo más atroz cometido por la mano ocupante fue enterrar vivos a personas en fosas comunes y arrojar a otras víctimas desde aviones en pleno desierto, en un intento sistemático de liquidar la presencia humana saharaui y crear un «vacío demográfico» que permitiera cambiar la composición demográfica del territorio.
En 1988, gracias a esfuerzos de la ONU, se firmó un acuerdo de paz, seguido de un alto el fuego el 6 de septiembre de 1991. Se suponía que este acuerdo allanaría el camino para la organización de un referéndum de autodeterminación, en el que el pueblo saharaui decidiría su destino, ya sea la independencia o la integración. Sin embargo, la ocupación marroquí, gracias al apoyo ilimitado de sus aliados occidentales, encabezados por Francia, buscó desde el principio vaciar el acuerdo de su contenido.
En lugar de prepararse para el referéndum, Marruecos trabajó para convertir el alto el fuego en un estado permanente de «ni paz ni guerra», aprovechándolo para fortalecer sus proyectos coloniales. Desde aproximadamente 1992, mientras la ONU debatía los mecanismos para organizar el plebiscito, la represión volvió a ser la herramienta principal para tratar con los saharauis. El objetivo ya no era solo controlar el territorio, sino someter al pueblo saharaui y quebrar su voluntad.
Frente a esta violencia, el pueblo saharaui no eligió el camino de la violencia, sino que desarrolló una resistencia civil noble y responsable. En 2005, estalló la chispa de la «Intifada de la Independencia» (la segunda Intifada saharaui), donde la juventud saharaui salió a manifestaciones pacíficas exigiendo la libertad y el fin de la ocupación, extendiéndose desde El Aaiún hasta Smara y Dajla.
Pero la ocupación enfrentó esta revuelta con las más horribles formas de represión. La brutalidad de la ocupación alcanzó su punto álgido en el caso del «Grupo de los 15», quince jóvenes saharauis interceptados por la marina marroquí el 25 de diciembre de 2005 cuando intentaban buscar asilo por mar en las Islas Canarias. Fueron secuestrados de sus embarcaciones y, desde entonces, han desaparecido en las mazmorras de las cárceles de la ocupación o quizás perecieron bajo tortura. Su paradero sigue siendo desconocido hasta hoy, en un crimen de secuestro colectivo y sistemático del que el régimen marroquí es plenamente responsable, ante la complicidad española y un silencio internacional sospechoso.
En 2010, la resistencia desarrolló sus métodos organizando el Campamento de Gdeim Izik, cerca de la ciudad de El Aaiún, como una ciudad de protesta pacífica que albergaba a miles de jaimas. Sin embargo, las fuerzas de ocupación asaltaron el campamento al amanecer del 8 de noviembre de 2010 con una violencia salvaje y sistemática, utilizando fuerza excesiva para desmantelarlo, lo que resultó en víctimas y graves violaciones, seguidas de juicios farsa ante un tribunal militar que dictó cadenas perpetuas contra activistas saharauis.
Desde entonces, la represión no ha hecho más que intensificarse con métodos más violentos. Las autoridades de la ocupación marroquí prohibieron oficialmente la entrada en la región a todos los extranjeros, observadores y periodistas. También han reforzado enormemente la política de asentamientos, fomentando la inmigración de marroquíes al territorio mediante la concesión de oportunidades y subsidios, mientras que, por el contrario, han aplicado una política sistemática de «empobrecimiento de los saharauis» a través de la marginación económica, la represión y el encarcelamiento, con el objetivo de vaciar la región de sus pobladores originales y cambiar su identidad demográfica. Esta política constituye en sí misma un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad según el derecho internacional, que considera el traslado de población civil de una potencia ocupante al territorio ocupado como un crimen de guerra.
Las organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación en el Sáhara Occidental han estimado el número de periodistas y observadores extranjeros que han sido expulsados o a los que se les ha impedido la entrada en los territorios ocupados en aproximadamente 400 personas desde 2015 hasta ahora, en un intento desesperado de imponer un «apagón informativo» sobre los crímenes diarios de la ocupación.
El cuadro criminal no estaría completo sin hablar del saqueo de los recursos naturales. El territorio saharaui es rico en fosfatos, caladeros de pesca y recursos energéticos. Y aquí se revela la verdadera cara del apoyo occidental a la ocupación. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado en repetidas ocasiones que el Sáhara Occidental es un territorio «separado y distinto» de Marruecos, y que cualquier acuerdo comercial que incluya el territorio es ilegal sin el consentimiento del pueblo saharaui a través de su legítimo representante (el Frente Polisario).
A pesar de estas sentencias judiciales vinculantes, muchos gobiernos europeos y la Unión Europea siguen cooperando con la ocupación marroquí, incluyendo productos del Sáhara Occidental (como verduras, frutas y pescado) en sus acuerdos con Marruecos, e incluso han eliminado recientemente la obligatoriedad de indicar el origen en los productos, lo que engaña al consumidor europeo y legaliza el saqueo de las riquezas saharauis.
Esta descarada complicidad europea con la ocupación y su persistencia en el saqueo de los recursos es la línea vital que mantiene con vida al sistema de ocupación, y es un desprecio evidente al derecho internacional y a los principios más básicos de los derechos humanos.
En conclusión, la cuestión del Sáhara Occidental sigue siendo una cuestión de descolonización, y el pueblo saharaui está decidido a continuar su lucha legítima por todos los medios, incluida la resistencia civil pacífica, hasta alcanzar su libertad, independencia y autodeterminación.
Hmad Hamad (activista saharaui por los Derechos Humanos y Vicepresidente de CODAPSO) • 27 de febrero 2026 – Torrelavega