La ocupación marroquí vuelve a cerrar el Sáhara Occidental a la supervisión internacional expulsando de forma inmediata a una misión de observación de derechos humanos a su llegada a El Aaiún.
Las fuerzas de ocupación marroquíes han impedido este martes, 13 de enero de 2026, la entrada a la ciudad ocupada de El Aaiún de una delegación canaria y española que tenía previsto realizar una misión de observación sobre la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Nada más aterrizar, las autoridades marroquíes procedieron a su expulsión y deportación forzosa a Las Palmas, en el mismo avión que las había trasladado al territorio.
Según ha denunciado el Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA), la expulsión se ejecutó de manera inmediata y sin garantías legales, tras un fuerte despliegue de las fuerzas de ocupación que rodearon el aeropuerto e impidieron cualquier contacto con el exterior. La actuación confirma, una vez más, la estrategia de aislamiento impuesta por Marruecos sobre el territorio ocupado.
La delegación estaba integrada por Carmelo Ramírez, consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria y presidente de la Federación de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui (FEDISSAH); Noemí Santana Perera, diputada de Podemos en el Parlamento español; y Fernando Ruiz Pérez, secretario de Comunicación de Podemos Canarias. Su presencia tenía como único objetivo recabar información directa e independiente sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados.
CODESA denuncia que este nuevo veto se inscribe en una política sistemática y prolongada de expulsión de delegaciones internacionales, diseñada para impedir cualquier forma de supervisión externa y para ocultar las graves violaciones de derechos humanos que sufre la población civil saharaui. Desde hace años, Marruecos bloquea el acceso al territorio a observadores y observadoras de derechos humanos, representantes políticos, periodistas, sindicatos, investigadores y estudiantes.
La organización saharaui subraya que estas prácticas constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y recuerda que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos lleva diez años sin poder acceder al Sáhara Occidental. Este cierre deliberado del territorio supone un desafío directo a las resoluciones y recomendaciones de Naciones Unidas.
Ante estos hechos, CODESA responsabiliza plenamente a la fuerza de ocupación marroquí del bloqueo a la observación internacional, reclama una intervención urgente de Naciones Unidas, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y del Parlamento Europeo, y exige que la MINURSO sea dotada de un mecanismo permanente e independiente de supervisión de los derechos humanos. El colectivo reitera, además, el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación conforme a la legalidad internacional, y advierte de que el cierre del territorio no logrará silenciar la realidad de la ocupación ni la resistencia del pueblo saharaui
