Hoy entra en vigor el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que se modifica el Reglamento de Extranjería e incorpora, entre otras medidas, el nuevo procedimiento de regularización extraordinaria.
Cantabria por el Sáhara valora positivamente la aprobación de este procedimiento, ya que toda decisión que permita reducir la precariedad y facilitar el acceso a derechos merece ser reconocida.
Sin embargo, consideramos muy preocupante la exclusión de este procedimiento de las personas solicitantes de apatridia, entre las que se encuentran muchas personas saharauis residentes en España.
Conviene aclarar una cuestión importante. Las personas que ya tienen reconocido el estatuto de apatridia cuentan con un marco jurídico específico. El problema no está ahí, sino en quienes siguen pendientes de una resolución que, en muchos casos, se prolonga durante largos periodos de tiempo. Es en ese proceso, en su duración y en sus efectos reales, donde se generan la inseguridad, la incertidumbre y la desprotección.
Cuando un itinerario administrativo se alarga durante años sin ofrecer una salida efectiva, no protege suficientemente y mantiene a las personas en una situación de vulnerabilidad sostenida. A ello se suma que, durante ese tiempo de espera, no cuentan con permiso de trabajo.
Esa situación se agrava ahora al colocar a quienes ya llevan largo tiempo esperando ante una disyuntiva especialmente injusta: continuar un procedimiento lento e incierto o verse empujadas a abandonarlo para intentar acceder a la regularización por otra vía, sin garantías claras.
No basta con invocar la existencia de una vía específica para justificar esta exclusión. Lo relevante es si esa vía protege de forma real y suficiente a quienes siguen dentro del procedimiento de reconocimiento de la condición de apátridas. Cuando la espera se alarga, la incertidumbre se cronifica y las personas quedan en peores condiciones de protección, la diferencia deja de ser razonable y la exclusión deja de poder presentarse como neutral.
Desde Cantabria por el Sáhara reclamamos al Gobierno de España que esta exclusión sea revisada y corregida. No porque discutamos la existencia de una figura específica de apatridia, sino porque esa figura no puede servir de cobertura para mantener a parte de este colectivo en peores condiciones de protección, mayor incertidumbre y más tiempo de espera.
Sea cual sea la motivación que haya llevado al Gobierno de España a excluir del procedimiento de regularización extraordinaria a las personas solicitantes de apatridia, lo que sí puede afirmarse con claridad es que nos encontramos ante una nueva injusticia, una más, cometida contra el pueblo saharaui.
En Cantabria a 16 de abril de 2026
