El día 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos; un día histórico que pretendía poner fin a los “actos de barbarie ultrajante para la conciencia de la humanidad” que había supuesto la II Guerra Mundial. En su preámbulo se advertía de la necesidad de proteger los derechos humanos fundamentales para que “el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”.
La Resolución 1514 del Pleno de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1960, dictaminó que “la sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y explotación extranjeras constituye una negación de los derechos humanos fundamentales, y es contraria a la Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa de la paz y de la cooperación mundiales”; así mismo, la Resolución 2621 de 12 de octubre de 1970 reafirma el “derecho inherente de los Pueblos Coloniales a luchar por todos los medios necesarios de que puedan disponer contra las Potencias coloniales que repriman sus aspiraciones de libertad e independencia”, y la obligación de todos los Estados Miembros de “prestar la más amplia asistencia moral y material a los Pueblos coloniales en su lucha para alcanzar la libertad y la independencia”.
Por desgracia, ni el espíritu de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ni las sucesivas resoluciones dictadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad, han impedido que Marruecos continúe ocupando ilegalmente el Sáhara Occidental.
La constante actitud de agresión, por parte de Marruecos, no solo es contraria al Derecho Internacional por ocupar militarmente un territorio no autónomo pendiente de descolonizar, sino que, además, implica una vulneración sistemática de los derechos humanos del Pueblo Saharaui.
Desdichadamente para la humanidad, la falta de respeto a la Declaración Universal de Derechos Humanos y al acervo jurídico internacional que obligan a respetar el inalienable derecho de los Pueblos sometidos a dominación colonial a la libertad e independencia, ha empujado al Pueblo Saharaui a retomar la lucha para alcanzar sus legítimas aspiraciones a la libertad y la democracia, conculcados por el Reino de Marruecos con la aquiescencia de la Potencia Administradora (España) y de las Naciones Unidas, no sin antes haber soportado más de veintinueve años de esfuerzo por alcanzar una solución justa y conforme al Derecho Internacional.
Por ello, en este 72º aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, recordamos su vigencia y la necesidad de su aplicación a todos los Pueblos, incluido el Pueblo Saharaui, y la obligación de su promoción y respeto como garantía de la Paz y la Seguridad Internacionales por parte de todos los Estados, incluidos Marruecos y España.
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS
POR EL SÁHARA OCCIDENTAL
(IAJUWS). 10/122020