Carta abierta dirigida a la Comunidad Internacional a propósito de los presos políticos saharauis del grupo de Gdeim Izik, en el marco de la inminente revisión de su caso y ante la crisis humanitaria causada por el COVID-19.
Han pasado más de diez años de la detención y encarcelamiento ilegal de los 25 activistas saharauis del campamento de protesta pacífica de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún, Sáhara Occidental. El ejército ocupante marroquí sometió a control y ataque el campamento hasta desmantelarlo violentamente el 8 de noviembre de 2010.
Como consecuencia de aquellas acciones la población saharaui fue víctima de graves violaciones de derechos humanos. Las fuerzas de ocupación marroquí declararon 11 bajas entre sus filas, bajas que a día de hoy no han podido ser probadas, no existe examen médico forense y no constan sus certificados de defunción.
Los activistas saharauis, hoy en prisión por aquellos hechos, fueron sometidos a diferentes procedimientos judiciales, incluso militares, en Marruecos. El último terminó con el dictado de una sentencia en julio de 2017, que les reiteró las altas condenas de cárcel que van desde los 20 años de prisión hasta la cadena perpetua. En la actualidad, 19 de ellos permanecen recluídos en prisiones marroquíes distantes entre 500 y 1.200 kilómetros de El Aaiún, ciudad de donde son la mayoría de ellos y donde viven sus familias.
Hay que recordar que diferentes instancias internacionales se ha denunciado la falta de garantías a las que se han visto sometidas los acusados. Entre otros, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que tras evaluar su situación emitió una decisión en la que acusa a Marruecos de haber violado varios artículos de la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura durante el proceso de interrogatorio de los acusados.
Estos procedimientos judiciales son ilegales al carecer de competencia Marruecos por referirse a hechos y situaciones cometidas fuera de su territorio, el juicio es una vulneración flagrante del Derecho Internacional, y del consagrado derecho a la tutela judicial efectiva.
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