El periodista y activista saharaui alerta de agresiones, secuestros y castigo colectivo contra su familia para forzar su silencio o su salida del territorio.
El activista y periodista saharaui Braika Bahi, vinculado a la televisión de la RASD y al activismo ambiental, ha denunciado una campaña de represalias en El Aaiún ocupado que combina violencia física y presión económica sobre su entorno familiar. Su testimonio describe un patrón de intimidación dirigido a silenciar su trabajo público y el de otras personas defensoras de derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado.
Bahi relata que, tras la adopción de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU a finales de octubre de 2025, fue objeto de una agresión pública y torturas en la calle Smara, atribuida a patrullas paramilitares. En su denuncia, sitúa este episodio dentro de una secuencia más amplia de hostigamientos, que incluiría secuestros y torturas previas en zonas rurales fuera de la ciudad.
La presión, explica, no se limita a su integridad física. El activista denuncia también una forma de “guerra económica” que busca aislarle socialmente y quebrar su capacidad de resistencia. En ese marco, señala que en marzo de 2025 las autoridades suspendieron el salario mensual de su madre y condicionaron su restitución a que abandonase su activismo en redes sociales o se marchase del territorio. Para Bahi, se trata de una política deliberada de castigo colectivo que utiliza a las familias como instrumento de coacción.
El testimonio vuelve a poner el foco sobre un contexto marcado por la falta de garantías para la libertad de información y la defensa de los derechos humanos en el Sáhara Occidental ocupado. Frente a esta realidad, es imprescindible reforzar la atención pública y la solidaridad, exigir mecanismos efectivos de protección para activistas y periodistas, y sostener la denuncia de prácticas represivas que buscan imponer silencio a base de miedo y precariedad.
Recordamos además que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonización y que España mantiene responsabilidades como potencia administradora de iure, una cuestión que no puede seguir tratándose como ajena mientras se suceden vulneraciones de derechos y restricciones a la observación independiente.
Fuente: https://www.emsahara.org/
